Tensión en la UE al cuestionar la independencia judicial de Polonia y Hungría. Con sendas posturas enrocadas, se evidencian aún más las contradicciones del proyecto de integración europea.
El pasado miércoles 24 de septiembre, la Comisión Europea decidió llevar a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por entender que las modificaciones que se están produciendo en su sistema jurisdiccional, y en particular la reforma de la ley polaca del Tribunal Supremo, ponen en entredicho la independencia judicial en ese Estado miembro. Por otro lado, hace apenas dos semanas, el Parlamento Europeo, en su sesión plenaria del día 12, aprobó una resolución por la que instaba al Consejo Europeo a pronunciarse sobre la actual situación política en Hungría. El elemento desencadenante, los mecanismos formales invocados y las eventuales consecuencias de ambas resoluciones distan significativamente. No obstante, la pauta de continuidad entre ambas realidades es innegable.
Coinciden en esos trasfondos políticos un acentuado tono nacionalista y también ciertas notas populistas que buscan, ante todo, dar voz a aquellos grupos sociales que sienten que la perdieron con las respectivas transiciones a la democracia e adhesión a la Unión Europea.
La Comisión y el Parlamento Europeo han lanzado una señal sobre la situación en Polonia y Hungría, así como sobre el proceso de integración europeo
Por todo ello, en los últimos meses, el Premier polaco Mateusz Morawiecki (en el cargo desde 2017, en sustitución de su compañera de partido Beata Szydło) y el Presidente del Gobierno húngaro, Viktor Orban (en el cargo desde 2010) se han situado en el punto de mira de las instituciones europeas. De hecho, algunas de sus acciones de gobierno, y también controvertidas declaraciones públicas, han hecho de ellos los enfants terribles del Consejo Europeo.
Ninguno de los procedimientos formales iniciados por la Comisión o el Parlamento resultan anecdóticos, ni parecen tampoco haber llegado de forma azarosa. Con ellos, estas instituciones han querido lanzar una señal de alerta (una más) no solo sobre la situación particular en Polonia o en Hungría, sino sobre el conjunto del proceso de integración europeo.
En primer lugar, estas resoluciones reiteran la existencia de una deriva iliberal en algunos espacios del sistema político de la UE que, dado el complejo entramado político e institucional comunitario, atañe por igual al conjunto y a sus partes. Y este mensaje, que podría parecer dirigido exclusivamente a esos dos gobiernos, debe por el contrario ser interpretado de forma más amplia. Más que sobre aquello que está ocurriendo en Polonia o en Hungría, la Comisión y el Parlamento Europeo parecen haberse pronunciado sobre aquello que no está ocurriendo en el conjunto de la UE. Inacción que, además, estaría alimentado los discursos desde Varsovia y Budapest que insisten, entre otros, en la existencia de ganadores y perdedores del proceso de integración, el distinto trato a los Estados miembros, o la falta de legitimidad de las decisiones comunitarias. Sin ir más lejos, hace pocos días Andrzej Duda, Presidente de la República de Polonia, sostuvo que la UE no es más que una comunidad imaginaria y que las decisiones de Bruselas no tienen por qué condicionar aquello que decida Polonia.
En segundo lugar, la UE hoy no es aquella Europa de las regiones de los años 90. La Comisión y el Parlamento Europeo (pese a las modificaciones formales introducidas en la última reforma de los Tratados, en Lisboa), parecen haber perdido pie en relación a un creciente protagonismo del Consejo, y por ende, del interés de los Estados miembros. Con este paisaje interinstitucional de fondo, marcado por un significativo intergubernamentalismo, sazonado por temas en la agenda comunitaria tan candentes como la negociación del próximo Marco financiero multianual 2021-2027 o la gestión de las fronteras exteriores, ambas resoluciones coinciden en una visión más supranacionalista del proceso de integración. Y lo hacen, señalando que los demos nacionales de los distintos Estados miembros están perdiendo definición en sus contornos (lo cual tampoco significa, sea dicho de paso, una fusión completa de las realidades nacionales existentes en un eventual, y único, demos comunitario).
Con sus resoluciones, las dos instituciones convergen en enfatizar que aquello ocurre en Polonia o en Hungría (o en cualquier otro Estado miembro) afecta al conjunto de sus ciudadanos, a sus valores compartidos y a los compromisos adquiridos. Entre otras muchas cosas porque, como resultado de la implementación del mercado único, cada vez hay más nacionales comunitarios que no residen en sus países originarios, y no por ello pierden su vinculación política y afectiva con sus lugares de origen. Al contrario, esta persiste aunque adquiere nuevos matices fruto, precisamente, de la exposición diaria de esos ciudadanos a otros espacios del sistema político de la UE. A finales mayo del próximo año se celebran las novenas elecciones europeas. Y esas dos instituciones, sobre todo el Parlamento Europeo, lo saben muy bien.
Reza un antiguo dicho polaco, que no por casualidad tiene también su versión en la lengua magiar, que el polaco y el húngaro son hermanos en el sable y en el cáliz (Polak, Wȩgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki). El contexto actual hace resonar de nuevo ese refrán, que tiene su origen en las estrechos vínculos históricos entre ambas naciones y que ensalza una visión del mundo compartida.
Todo apunta a que ninguna de esas resoluciones dará pie a un cambio en la actitud en ninguno de los actores implicados, ni ningún tipo de sanción formal de consideración. Asimismo, todo sugiere que el profundo y necesario debate que se intuye tras evidencias subrayadas por la Comisión y el Parlamento se pospondrá hasta mejor ocasión. Mientras tanto, polacos y húngaros, esos dos hermanos centroeuropeos, seguirán blandiendo el sable y alzando el cáliz (incluso contra enemigos imaginarios); y con ello, evidenciando las propias tensiones y contradicciones del proceso de integración europeo.
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