¿Qué implica la declaración de emergencia climática en España?

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La Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental aprobada ayer en España llega en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica, que alerta sobre los peligros y consecuencias del cambio climático como: la pérdida de biodiversidad, de especies y ecosistemas, el incremento de los desastres naturales, resultado de fenómenos climáticos extremos, más fuertes y más frecuentes, o el aumento de las enfermedades tropicales, entre otras.

La Declaración recuerda, además, que la región mediterránea está considerada uno de los “puntos calientes” globales en materia de cambio climático, que incide directa e indirectamente sobre un amplio conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Por ello, el Gobierno de España pretende aprovechar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza, fundamentales para garantizar el bienestar y supervivencia de la humanidad.

Se trata de un “proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política”, según la declaración.

Como “único camino posible” para hacer frente a la emergencia climática y ambiental y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica, el acuerdo se compromete a alcanzar la neutralidad climática en 2050. Este objetivo constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, según la Declaración.

Para hacer frente a la emergencia climática se desarrollaran 30 líneas de acción, cinco de las cuales se materializarán en los primeros 100 días de acción del Gobierno:

• Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
• Definir la senda de descarbonización a largo plazo de España, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
• Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
• Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
• Impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

Además de estas primeras medidas, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud.

El acuerdo también destaca la necesidad de implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se queda atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética. Además, pone énfasis en fortalecer sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética para generar nuevo empleo verde.

Otra parte de las medidas para enfrentar la emergencia climática está centrada en asegurar la transformación del sector financiero para garantizar su viabilidad y estabilidad. Se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal y no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil. Además, se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. En esta línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking.

La Declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050. También prevé la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan urgentemente zonas de bajas emisiones. Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.