Presidencia del Consejo de la UE

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Recuerdo una vez que un amigo, hace ya años, me contaba las trifulcas y encontronazos entre los vecinos del inmueble donde vivían sus padres por la instalación de un ascensor. El edificio carecía del espacio necesario para instalarlo y, durante años, esto fue motivo para que no hubiera debate alguno. No obstante, una pareja joven compró un piso y empezó a interesarse sobre el asunto. No solo descubrió que cabía la posibilidad de instalar un ascensor exterior, sino que también averiguaron que se podían solicitar subvenciones públicas para las obras. Todo ello generó debates entre los vecinos del inmueble. Los que vivían en los pisos superiores o los que tenían problemas de movilidad veían imprescindible la instalación del ascensor. Por el contrario, los vecinos de las plantas más bajas no veían la necesidad y no querían sufragar el coste de una infraestructura que no iban a usar. Las cosas fueron a más y se crearon dos bandos que se enzarzaron durante mucho tiempo en larguísimas discusiones en las reuniones de vecinos.

Cada vez que pienso en el Consejo de la Unión Europea me viene a la mente la situación de los inquilinos de ese inmueble, sus alianzas y pesquisas. De hecho, los gobiernos de los Estados miembros que se sientan en el Consejo de la UE saben muy bien que, como en aquel inmueble, en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea hay determinadas zonas privativas y otras comunes. Sobre las primeras, cada gobierno decide en función de sus circunstancias y de su programa político y esas decisiones solo afectan al Estado correspondiente. En cambio, sobre las segundas, igual que a los propietarios de los pisos, les corresponde a todos los Estados miembros de la UE ponerse de acuerdo en la definición del problema y encontrar una solución, lo que habitualmente implica también acordar quién va a asumir los costes. No es lo mismo instalar un nuevo aparato de aire acondicionado en el tercero segunda que un ascensor del que se puedan valer todos los vecinos.

El Consejo de la UE es una institución muy particular, cuyas competencias y funcionamiento interno responden al complejo entramado de intereses y equilibrios políticos en el seno del proyecto de integración europeo. Junto al Parlamento Europeo, ejerce funciones colegislativas, a modo de una cierta cámara territorial. A efectos prácticos, esto significa que para la mayoría de legislación comunitaria se requiere que ambas instituciones, en pie de igualdad, aprueben el texto definitivo. Con tal propósito, el Consejo de la UE reúne a los ministros de los distintos Estados miembros de forma periódica, pues son ellos, en nombre de sus respectivos gobiernos, los encargados de discutir y eventualmente aprobar la normativa comunitaria. Pero ni siempre, ni todos. En las reuniones del Consejo de la UE solo asisten aquellos ministros cuyas carteras asumen las competencias que se están discutiendo en ese momento. En la jerga bruselense, se habla de las “Formaciones del Consejo” (Asuntos Generales, Economía y Finanzas, Competitividad, Agricultura y pesca…).

Otra de las particularidades del Consejo de la UE es su Presidencia. Igual que en las comunidades de propietarios, la Presidencia de esta institución es rotatoria, tal y como se establece en el art. 16.9 del Tratado de la Unión Europea, salvo para la formación de Asuntos Exteriores, que es presidida por el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Así pues, por periodos de seis meses que coinciden con los semestres del año natural, los distintos Estados miembros se suceden en la Presidencia de esta institución clave en el proceso legislativo ordinario de la UE. Es un mecanismo que pervive desde los tiempos en que el proceso de integración europeo estaba compuesto por seis estados y que, por su propia idiosincrasia y su diseño atrae críticas y alabanzas a partes iguales.

Formalmente, la Presidencia del Consejo de la UE se encarga de preparar y dirigir las distintas sesiones del Consejo, así como de sus reuniones preliminares y también de representar al Consejo de la UE ante las otras instituciones comunitarias. Se busca con ello asegurar una continuidad al proceso legislativo, toda vez que se promueve la cooperación entre los Estados miembros. De manera informal, esta Presidencia rotatoria también cumple con otros objetivos no menos importantes.

En primer lugar, y aunque sea solo de forma simbólica, pone a todos los Estados miembros en condiciones de igualdad porque a todos les llega el momento de ostentar el cargo. El actual calendario, y hasta diciembre de 2030, queda recogido en la Decisión (UE) 2016/1316 del Consejo, por el que se modificó la rotación anterior porque, paradojas de la vida, correspondía al Reino Unido ocupar la Presidencia del Consejo de la UE durante el segundo trimestre de 2017, lo cual hubiera constituido un sinsentido teniendo en cuenta el Brexit. Esta decisión de salir de la UE ha dejado claro que, en la práctica, el Reino Unido no solo no ve la necesidad de modernizar el edificio, sino que ha decidido tapiar la puerta del rellano de su piso y abrir otra que le dé acceso directo a la calle, si acaso con su propio ascensor de uso exclusivo. Pero esa es otra historia.

En segundo lugar, qué duda cabe que la Presidencia rotativa se convierte en una inmejorable ventana de oportunidad política para que el Estado que la ostenta pueda dar impulso de manera decidida a aquellas políticas o aquellos programas comunitarios alineados de forma más evidente con su propio interés nacional. No se puede obviar que durantes seis meses, el correspondiente Estado miembro se sitúa en el epicentro del día a día comunitario, lo cual exige y permite un contacto permanente con la Comisión, el Parlamento Europeo y el resto de instituciones de la UE. Quizás también precisamente por esta misma razón, el mandato de la Presidencia rotativa dura solo seis meses, algo que a menudo es foco de críticas pero que parece tener cierto aspecto de mecanismo de salvaguarda para el conjunto del sistema y el interés comunitario.

Por último, la Presidencia rotatoria ejerce también como un poderoso mecanismo de socialización pues durante esos seis meses, el Estado miembro y sus distintos representantes políticos (e incluso sus funcionarios), deben actuar de intermediarios de posturas encontradas y facilitadores de compromisos entre los distintos Estados miembros. Es por ello, que a la Presidencia se le exige, quizás de forma un tanto naif, neutralidad e imparcialidad.

A todos estos retos y todas estas oportunidades responde, desde el pasado 1 de enero, Croacia, el último miembro a incorporarse al proyecto comunitario y el único que, hasta la fecha, no había ejercido este rol. La Presidencia llega a Zagreb en tiempos convulsos y exigentes y se alineará con algunas de las propuestas estratégicas que guiarán la política comunitaria en los próximos años, tales como la Agenda Estratégica del Consejo 2019-2024 o las Prioridades de la Comisión Von der Leyen.

No es de extrañar pues que entre los temas clave de la Presidencia croata se cuenten la implementación del pilar europeo de Derechos Sociales, la política de empleo ligada al conocimiento, la educación y la formación continua o el impulso al llamado Pacto Verde Europeo, con el que la UE se propone alcanzar la neutralidad climática. Además, es previsible que la Presidencia croata haga hincapié en otros aspectos tales como la política de ampliación hacia los Balcanes occidentales y la consolidación de los valores fundamentales de la UE.

Aquella pareja joven que impulsó la instalación del ascensor en el edificio de casa de mi amigo vivía en el quinto y tenían una criatura de tres años y otra acabada de nacer. Ocupándose de la modernización de las infraestructuras comunes del bloque, mejoraron también su propia situación y además solventaron las tensiones con sus vecinos. Algo muy parecido a lo que se espera de Croacia en los próximos seis meses de Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.