Los impactos de la Política Agraria Común (PAC)

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La Comisión Europea, con el fin de que las empresas participen en la evaluación de la biodiversidad y se conviertan en líderes mundiales, ha decidido destinar 20.000 MEUR al año para invertir en tres sectores clave: la construcción, la agricultura y la alimentación.

El principal foco de acción en el que la Comisión también ha decidido centrarse es en establecer un sistema alimentario sólido, sano y fuerte a través de la estrategia «de la granja al tenedor» o Farm to Fork Strategy. Esta estrategia es básicamente el corazón del European Green Deal que busca promover una transición global verde y sostenible bajo los objetivos de que los sistemas alimentarios sean justos y respetuosos con el medio ambiente, evitando la pérdida y el desperdicio de alimentos, y potenciando una cadena de producción sostenible, incluyendo el procesamiento, la distribución y el consumo.

Iniciativas de la estrategia Farm to Fork

Se desarrolla bajo una iniciativa para un marco de gobierno corporativo que apueste por el desarrollo de alianzas verdes en el sistema alimentario y de un Código de Conducta de la UE para empresas responsables. Pero lo más importante es que propone una nueva Política Agrícola Común que se centre en el European Green Deal.

Las políticas de la PAC tienen un doble propósito, la primera idea es asegurar el suministro al consumidor europeo a precios razonables y la segunda idea es garantizar una rentabilidad justa a los agricultores, ayudándoles a mejorar su rendimiento medioambiental y climático hacia un modelo de negocio más orientado a los resultados a través de la introducción de los llamados eco-esquemas. Esta herramienta permite apoyar la agricultura ecológica, la agroecología y la agrosilvicultura, así como orientar otros enfoques relevantes para el cambio climático y la buena gestión de los recursos naturales.

Ahora bien, estos eco-esquemas se promueven como sistemas voluntarios para los productores y están diseñados para ser bastante flexibles, pero a fin de cuentas son obligatorios para todos los Estados Miembros y son obligados a distribuir una parte de los pagos a los esquemas que beneficien directamente a los esfuerzos climáticos.

De hecho, el Parlamento Europeo limitará la flexibilidad recurriendo a un modelo que pagará por hectárea o por toda la explotación. Por lo tanto, el productor sufriría un recorte del 20% de los fondos, lo que significa que se está perjudicando a muchos pequeños agricultores y pequeñas granjas por hacerles cumplir con más requisitos medioambientales a pesar de tener menos dinero de las PAC en sus bolsillos.

En otras palabras, los pequeños agricultores son los que se ven empujados muchas veces a cerrar sus negocios debido a las estrictas medidas de las PAC y permiten que las grandes empresas agrícolas crezcan aún más, ya que el mayor trozo del pastel de las subvenciones se lo llevan las grandes explotaciones y los propietarios de las tierras.

Sin embargo los instrumentos de la PAC también han contribuido al efecto negativo de la agricultura sobre el medio ambiente y han provocado un aceleramiento en la política de precios en los que se encuentran los efectos de los cambios en el campo provocados por la intensificación de la agricultura.

En definitiva, las políticas de la PAC también persuaden a los consumidores ofreciendo una gama de productos de kilómetro 0 o respetuosos con el medio ambiente a un precio justificado y racional. No obstante como consumidores responsables sabemos que muchas veces dichos productos son más caros que los productos corrientes y esto afecta de forma desproporcionada a las rentas más bajas, ya que los alimentos suponen una mayor proporción del presupuesto familiar.

La solución al desequilibrio de los precios no es ni sencilla ni rápida, ya que se requiere de una cadena de suministro de alimentos de la UE completamente transparente y que los pequeños agricultores se organicen mejor entre ellos para llegar a una cuota más alta de mercado.