Restauración, un sector en la picota

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La sostenibilidad del sector está, ahora más que nunca, en la picota. Existe entre baristas y restauradores una sensación de incredulidad, decepción, enfado e impotencia que, unido a una desesperación creciente, aboca a muchos de ellos a replantearse muy seriamente la viabilidad futura de sus negocios.

No olvidemos que la restauración, igual que la hotelería, ha sido uno de los sectores económicos más afectados por el coronavirus. Ahora, esa afectación llega, además, en un momento crítico: tras meses de poca o nula facturación, cuando la mayoría buscaba levantar el vuelo, la segunda oleada ha golpeado de lleno esos sueños y ambiciones.

La dureza de las medidas adoptadas por la Generalitat, no deja escapatoria. El Govern obliga a cerrar a todos los establecimientos del sector, prohibiendo el consumo en el interior de los mismos, así como en las terrazas, independientemente del espacio existente entre mesas o la comarca, pueblo o ciudad en que se encuentre el local. Únicamente, se permite el servicio de entrega a domicilio o para llevar. Algo, a todas luces, insuficiente para el sector.

Desde la Generalitat, reconocen la injusticia de la medida, pero la consideran un mal menor y se ciñen a la urgencia y gravedad del momento. Apuntan las fuentes consultadas que “la situación es crítica” y que el riesgo de que la pandemia se expanda sin control es real.

Una empresaria del sector, desolada, se preguntaba esta misma semana de manera retórica si, con el cierre indiscriminado de todos los locales, se iba a conseguir que la población actuara con mayor civismo. “¿Vamos a conseguir que todo el mundo cumpla con la mascarilla y con la distancia de seguridad? ¿Va a dejar la gente de reunirse en las casas? ¿Se van a acabar las celebraciones privadas?”, apuntaba. Ella misma respondía que no y que el precio a pagar era el del hundimiento de un sector que no puede más. La situación, además, es perversa. A su entender, únicamente se ha actuado para alejar los problemas, no resolverlos. Y pone dos ejemplos que pueden complicar mucho la sostenibilidad futura de la restauración.

Por un lado, la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo. Muchos acudieron a los ERTE de manera desesperada, para evitar la catástrofe en la primavera pasada, pero sin reparar en la letra pequeña que ahora denota su importancia: acogerse a un ERTE implicaba que, desde el reinicio de la actividad, durante los seis meses siguientes la empresa no podría despedir a trabajador alguno.

Si tenemos presente que la situación sanitaria no ha mejorado y que en muchos casos sigue sometida a limitaciones, el resultado es que las plantillas para la demanda existente, es en muchos casos excesiva. ¿Resultado? La empresa, maniatada, no puede tomar medidas que, por drásticas que sean, podrían asegurar la viabilidad futura del negocio. Si no pueden adelgazar la estructura, pueden morir asfixiadas.

Gráficamente, esta empresaria reconoce que, tras los primeros ERTEs, lo que está por venir “es una cascada de EREs”. Y añade: “prometen que no dejarán a nadie por el camino y lo que puede que se quede por el camino es miles de empresas, un empobrecimiento general de la sociedad”. Vamos, que por evitar un inevitable ajuste presente, la factura a pagar futura sea aún mayor y con unas consecuencias dramáticas para el tejido empresarial.

La otra bomba de relojería que todavía no ha estallado es la de los créditos ICO. Aprobados de urgencia, tenían una carencia de un año, durante el cual no se amortizaba capital, solamente se hacía frente al pago de intereses. Pero, ¿qué pasará cuando llegue el momento de devolver ese capital en la próxima primavera-verano si la mortandad empresarial se dispara antes? Los pasivos de esos créditos no se esfumarán. Alguien tendrá que asumirlos. Y ese alguien tiene nombre, de una manera u otra, usted y yo.

Sea como fuere, el problema del cerrojazo al sector de la restauración es que deja a este en la intemperie. Se pone el foco en un sector que está profundamente estigmatizado sin que se hayan tomado otras medidas paliativas para hacer frente a la pandemia. Y se ha hecho sin discriminar, en positivo, a los que han cumplido escrupulosamente todas las medidas sanitarias.

Pagan justos por pecadores, sí. Y lo hacen ante una Administración pública nuevamente desbordada (hace dos semanas se iba a dejar reabrir discotecas y hoy se cierran todos los bares y restaurantes), que no ha sabido articular una propuesta coordinada para ofrecer soluciones a problemas que ella misma provoca. Por ejemplo, si se obliga al cierre, podrían diseñarse propuestas mancomunadas por Gobierno central, Govern y ayuntamientos para el aplazamiento o suspensión de impuestos ante un panorama desolador. Pero claro, cada Administración arrastra sus déficits y sus necesidades de financiación y no quieren ser parte de una solución conjunta. Cada una hace la guerra por su cuenta, sin percatarse que, sin tejido productivo, se hundirá la recaudación fiscal y que, sin esta, los recursos para hacer frente al desaguisado social que se avecina serán del todo insuficientes. ¿Harán algo los ayuntamientos? ¿Flexibilizará o anulará pagos la Agencia Tributaria? ¿Y el Govern de la Generalitat? De poco sirve crear líneas de crédito blando o nuevos avales si la contrapartida es que se impide facturar a quien ha de devolver el dinero.

Hoy se condena a unos pocos en pos del beneficio superior de toda la sociedad. Lo que no está claro es que ese sacrificio vaya a ser el último. Y ese, ese sí que sería un problema que nos llevaría nuevamente a la posición de salida, con un tejido empobrecido, depauperado y sin fuerzas ni ánimos para salir adelante.