Votar en las elecciones europeas

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El Parlamento Europeo es una pieza clave en el funcionamiento de la Unión Europea. Interviene decisivamente como co-legislador junto con la Comisión, lo que significa que el voto de los diferentes grupos políticos determina la producción normativa que, a la postre, acaba regulando el día a día de los ciudadanos. Y como cualquier otra cámara de representantes interviene también en la aprobación del presupuesto anual de la UE, que no deja de ser una norma de carácter muy especial. Los fondos regionales, las dotaciones para el programa Erasmus o las ayudas financieras a las PYMES quedan (en parte, por lo menos) determinadas por la intervención del Parlamento Europeo. Además, la Eurocámara también tiene la importantísima función de control del funcionamiento democrático de las otras instituciones de la UE. Además, de forma indirecta, también vela por el respeto del Estado de Derecho en los estados miembros, tal y como quedó patente en relación a Polonia y Hungría en el artículo publicado hace unos pocos meses.

Pese a su importancia política e institucional, las elecciones al Parlamento Europeo siguen estando fuera del paisaje político de referencia de muchos ciudadanos.

Una cifra relevante: en el conjunto de la UE la tasa de participación en las Elecciones Europeas ha ido cayendo progresivamente desde su primera convocatoria en 1979. Podría argumentarse que ello es un resultado mecánico de la paulatina incorporación de nuevos estados miembros al proyecto de integración europeo, donde la participación en estos comicios es, en conjunto, más baja que en el grupo de EU15. Pero esto sería simplemente ver la paja en el ojo ajeno. No hay un solo estado miembro, incluso entre los fundadores, en que la participación no muestre una tendencia decreciente en las ocho legislaturas transcurridas, siempre con algún repunte en algunos comicios concretos, por supuesto. En Francia, por ejemplo, en el año 1979 se registró una participación de 60,7%, mientras que en 2014 esta fue del 42,3%. En Italia, en las elecciones europeas de 1979 participó un 85,6%, mientras que en las de 2014 solo acudió a las urnas un 57,2% del electorado. Quizás las excepciones más notables a estas caídas en la participación son Bélgica (91,4% en 1979 y 89,6% en 2014) y Luxemburgo (de 88,9% y 85,5%, respectivamente). Pero no está de más apuntar que el voto es obligatorio en ambos países.

El Parlamento Europeo es el único vértice del triángulo institucional de la UE en la que los ciudadanos comunitarios tienen el derecho (cabría considerar si la obligación) de escoger de manera directa su composición. Ello le confiere una clara legitimidad que emana precisamente del mandato de las urnas y que sugeriría, por lo menos sobre el papel, un rol distintivo. No obstante, estas bajas tasas de participación han mellado significativamente su rol y su legitimidad y, en el fondo, siguen poniendo en entredicho el equilibrio institucional comunitario en su conjunto.

No es por casualidad que, ya desde los años 80, las elecciones europeas hayan sido catalogadas como elecciones de segundo orden. La preeminencia de líneas de tensión nacionales más que un debate político de escala europea, los mecanismos de selección de candidatos, la propia mecánica electoral que fijan los estados miembros como la circunscripción electoral de referencia e incluso los distintos ciclos electorales, ya hacían prever entonces y siguen explicando hoy que muchos ciudadanos comunitarios perciban las elecciones europeas como elecciones menores y alejadas de sus intereses.

Foto: Michael Gaida

En el caso español, la coincidencia en el calendario de las elecciones europeas con la celebración de elecciones municipales y también de elecciones autonómicas en doce comunidades es posible que permita revertir esas tasas de participación (54,7% en 1989, 43,8% en 2014), pero en cualquier caso no eliminará las cuestiones de fondo. Es más, el próximo 26 de mayo puede poner de relieve que, en los sistemas políticos multinivel, las elecciones europeas pueden convertirse no ya en elecciones de segundo orden, sino de tercero. Paradójico o no, los resultados del domingo pueden evidenciar tasas de participación muy distintas en cada una de las elecciones (municipales, autonómicas y europeas).

El Spitzenkandidat

Consciente de este talón de Aquiles institucional, la UE -por iniciativa del Parlamento Europeo- introdujo una novedad en las elecciones europeas de 2014, el sistema del Spitzenkandidat.

La propuesta se ampara en el contenido del artículo 17.7 del Tratado de la Unión Europea (que en esencia estipula que el Parlamento Europeo elige la persona que debe presidir la Comisión Europea tras la propuesta del Consejo Europeo que, a su vez, debe tener en cuenta el resultado de las elecciones europeas) y buscó dotar al conjunto del sistema político europeo de mayor empaque y robustez.

La novedad introducida en 2014 y mantenida para las elecciones del próximo domingo, si nada cambia en el último momento, se fundamenta en el compromiso del Parlamento Europeo a rechazar cualquier candidato propuesto por el Consejo Europeo que no haya sido presentado previamente como Spitzenkandidat, algo así como un cabeza de lista europeo. Ello ha hecho que, tal y como ocurrió ya en las elecciones europeas de 2014, los partidos políticos de ámbito europeo de mayor tradición y recorrido (PPE, PSE, ALDE, ACRE, PVE, IE) hayan escogido sus respectivos Spitzenkandidaten y que estos hayan ejercido las funciones de representación de sus partidos -más que liderazgo- tal y como quedó reflejado en el debate presidencial del pasado 15 de mayo.

El próximo domingo pues, los ciudadanos de la UE estarán pronunciándose sobre sus preferencias en la composición de uno de los dos órganos co-legislativos de la UE, el Parlamento Europeo, pero también, de forma indirecta, sobre la dirección estratégica del órgano ejecutivo por antonomasia, la Comisión. El sistema no está exento de problemas y posibles críticas, pero parece un paso más en la consolidación política del proyecto de integración europeo. Que no es poco, atendiendo las actuales circunstancias históricas y políticas.