Una incertidumbre llamada Brexit

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Así las cosas, la incertidumbre es total. Está negociado cómo sería la transición, pero no qué pasaría si la semana que viene, el 11 de diciembre, los parlamentarios británicos no respaldan el acuerdo sellado a bombo y platillo el pasado 25 de noviembre en Bruselas. En caso de un voto negativo, estaríamos abocados a un Brexit duro.

Es por eso que el desasosiego va en aumento. Curiosamente, una importante noticia esta semana ha pasado desapercibida: el abogado general de la UE, el español Manuel Campos, considera que el Reino Unido podría frenar el Brexit unilateralmente antes de la fecha fatídica: el 30 de marzo de 2019. Queda por ver qué dictamina el Tribunal de Luxemburgo, pero el posicionamiento de Campos es un indicio de por dónde pueden ir las cosas si finalmente el acuerdo no es sancionado por los parlamentarios británicos el día 11.

Ante la tensión y la incertidumbre existentes, los organismos competentes en cada país se afanan por informar a las empresas sobre cómo operar a partir de la primavera. La semana pasada, el ICEX reunió en la LLotja de Mar de Barcelona a un buen número de empresarios y profesionales para explicarles la letra pequeña de lo acordado por el Gobierno de Theresa May y el equipo comunitario encabezado por el francés Michel Barnier.

José Luis Kaiser, director general de Política Comercial y Competitividad, perteneciente a la Secretaría de Comercio, señaló que, “a pesar de que el Reino Unido va a seguir siendo un destino prioritario de las exportaciones españolas, la situación futura cambiará y habrá nuevas restricciones”.

El elemento más espinoso y que ha condicionado de principio a fin la negociación ha sido la cuestión irlandesa

De momento, lo que se ha negociado es dotar de seguridad jurídica cuatro aspectos clave: los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico y de los británicos en suelo comunitario; aclarar las obligaciones presupuestarias que el Reino Unido tendrá que hacer frente en el futuro inmediato (no menos de 40.000 MEUR); establecer un mecanismo de disputas y arbitraje; y, por último, los protocolos de Irlanda, Gibraltar y Chipre.

De entrada, se establece una transición que finaliza en diciembre de 2020, en el que, como señala Kaiser, “el acervo comunitario seguirá vigente hasta entonces” (esto es, la legislación de la UE), aunque el Reino Unido “no podrá votar ni formar parte de los procesos de decisión”, pues en marzo de 2019 dejará oficialmente de ser miembro de la Unión.

Esto quiere decir que seguirá vigente el modelo actual hasta entonces: las mismas normas, el mismo acceso directo al mercado británico y viceversa. La única restricción será para los isleños: no gozarán de autonomía para firmar acuerdos comerciales hasta finalizado este período de transición.

Sistema backstop

Kaiser confesó a los asistentes que el elemento “más espinoso” y que “ha condicionado de principio a fin la negociación” ha sido la cuestión irlandesa. En particular, qué mecanismos de control se crearán entre Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido, y la República de Irlanda, país miembro de la UE y la eurozona.

Nadie quiere que la salida del Reino Unido de la UE provoque la reaparición de una frontera que soliviantaría a muchos y pondría en un brete los Acuerdos de Pascua, el tratado de paz que puso punto final al conflicto del Ulster.

En las negociaciones, se ha establecido un sistema de backstop, por el que el Ulster se mantendrá dentro de la unión aduanera una vez pasado el periodo de transición. Un trágala en toda regla para Londres, pues eso supone que independientemente del acuerdo futuro, esa parte de su territorio tendrá un tratamiento análogo al resto de la Unión.

¿Y en qué consistirá el acuerdo futuro? A día de hoy, nadie lo sabe. Todas las opciones están abiertas: acuerdo de libre comercio, unión aduanera, mercado único o las reglas recogidas en el marco de la OMC. Hasta 2020 se negociará para encontrar la mejor fórmula que satisfaga a ambas partes.

El miedo del mundo empresarial es que el mercado británico es básico y fundamental para Catalunya y España

Si no se pudiera reproducir un espacio de libre comercio, Pedro Pascual, subdirector de Política arancelaria y de Instrumentos de defensa comercial, entiende que aparecerán los hoy ausentes “controles aduaneros y formalidades aduaneras”, que dificultarán la actividad de las empresas.

Pascual recuerda que el Reino Unido adoptará tras este periodo de transición “toda la legislación comunitaria como propia”. Se trata, una vez más, de dar seguridad jurídica a todos los operadores. Pero eso no impide, recuerda este técnico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que, una vez asumida la legislación, los británicos no introduzcan con el paso del tiempo cambios y modificaciones sustanciales. Sea como fuere, en los próximos dos años, no hay riesgo alguno.

El miedo del mundo empresarial es que el mercado británico es básico y fundamental para Catalunya y España. Así lo demuestran las cifras: el británico es casi el principal mercado turístico, junto a Francia y Alemania, con un valor que ronda los 12.000 MEUR. En inversiones, el Reino Unido es el segundo destino, con el 17% del total de la IDE española. Y en comercio exterior, el peso es igualmente significativo. En 2017, España exportó mercancías al mercado británico por valor de casi 19.000 MEUR (Catalunya, más de 4.000 MEUR) e importó por valor de 11.444 MEUR (Catalunya, 2.530 MEUR). Para Kaiser, estos datos demuestran que el mercado isleño “tiene un gran peso y se ha de salvaguardar la relación”.

Que en dos años, el 8% de las exportaciones pasen a recibir un trato diferente al actual, significa que la Administración tendrá que crear nuevas plazas de agentes de aduanas y, logísticamente, las empresas replantear los plazos de entrega. Se ha acabado la agilidad actual. Como muestra, un botón.

Grandes atascos

Según señaló Alberto Aibar, jefe adjunto regional de Aduanas e Impuestos especiales, durante el encuentro organizado por el ICEX, por el puerto de Dover pasan alrededor de 10.000 camiones diarios. De ellos, el 98% pertenecen a países miembros de la UE. Tardan una media de 8 minutos en desembarcar, salir del recinto portuario e incorporarse a la autopista M20, que conecta la costa con la gran circunvalación de Londres. El 2% restante de camiones, de procedencia extracomunitaria, han de cumplimentar los pertinentes trámites aduaneros y tardan unos 20 minutos solo en el despacho de aduanas.

En el nuevo marco, dentro de dos años, si la demora de los camiones comunitarios fuese de dos o tres minutos (un cálculo excesivamente “optimista”, recordó Aibar), se generarían colas de hasta 25 km, con lo que habría que utilizar los arcenes de la autopista como párquines provisionales.